Es como si un tsunami hubiese barrido toda una línea de costa con pueblos y gente en ella. Lo único que está claro es que ha ocurrido un desastre, pero la magnitud de los daños solo será posible reconocer una vez que las aguas regresen nuevamente mar adentro y dejen apreciar entonces toda la afectación. Esta descripción bien puede servir para hacer una analogía del embate de la pandemia de Covid-19, cuyos efectos económicos aún no están del todo claros, pese a que sí existe una noción certera: han sido devastadores. Ahora que las aguas comienzan a retirarse y la normalidad retorna paulatinamente, ya es posible apreciar los impactos, especialmente en las economías de los estados, las empresas y las personas, todas ellas atravesadas por un elemento que en este momento resulta vital y delicado: la política tributaria.

Es evidente que estamos superando la peor parte de este trance, y ya se puede hacer un reporte de daños en este rubro: en América Latina y el Caribe las caídas en la recaudación de impuestos son notables. Así, de acuerdo a un informe emitido por la OCDE, Cepal y BID, los impuestos selectivos al consumo cayeron a un -13,7%, los impuestos sobre la renta al -9,9% y el IVA al -9,2%. En total, los ingresos tributarios totales de América Latina y el Caribe disminuyeron en un 11,2% en 2020, si los comparamos con los del 2019. 

Pero eso no es todo. América Latina fue la región más golpeada del mundo por la pandemia del COVID-19, con una contracción económica de -7%, mientras que el colapso masivo de empresas elevó la tasa de desempleo en 2020 al 10,7%, y el nivel del PIB per cápita regional terminó en el mismo nivel de 2010. 

En medio de este dramático escenario, los estados se ven presionados a incrementar el flujo de recursos destinados al área de salud, priorizar la asistencia a otros sectores en crisis y, en vista de que la contracción afecta a todo el ecosistema económico-social, reducir forzamente las bases tributarias imponibles, con la consecuente caída de ingresos fiscales, debido a la tendencia a la baja de las ventas, el incremento del desempleo y el aumento del incumplimiento de pagos por incapacidad financiera.

Frente a todo esto, ¿qué hacer?

Al igual que las investigaciones desplegadas por diferentes naciones para crear las vacunas que están inmunizando a la humanidad contra el Covid-19, y que han dado lugar a la confección de distintos productos con características disímiles aunque con el mismo fin, las estrategias económica-tributarias para enfrentar la crisis pospandemia son diversas y obedecen a las necesidades específicas de los países y regiones que las han diseñado.

Los Estados Unidos, con Joe Biden a la cabeza, le apuesta a una estrategia ortodoxa: desplegar un plan con el que el gobierno pretende recaudar US2.5 billones durante los próximos 15 años, cuyo caballo de batalla es el incremento del 21% al 28% de los impuestos corporativos, además de establecer un impuesto mínimo global para reducir la competencia por atraer multinacionales, establecer una tasa de 15% sobre los ingresos de las grandes empresas, eliminar exenciones e incentivos, y reemplazar los subsidios a energías fósiles por estímulos para energías limpias.

España ha optado por seguir un relativamente camino diferente. El gobierno de ese país incrementó los impuestos corporativos, con una tasa mínima de 15% para grandes empresas y de 18% para firmas financieras y de hidrocarburos, pero también ha ajustado al alza el gravamen al patrimonio y a la renta, mientras ha aplicado una reducción a la tasa impositiva para las pymes, además de gravar el plástico, bebidas azucaradas, la gasolina y el diésel. 

En el otro extremo está Australia, cuyo plan fiscal es más bien de orientación liberal y aplica recortes de impuestos a 11 millones de personas, además de incrementar la compensación del impuesto a la renta a US700 y reducir la carga impositiva en cuanto a los tributos corporativos para reactivar la economía. 

Como vemos, no hay un sola fórmula para salir del atolladero, pero cualquier decisión que se tome en cuanto a política tributaria debe partir de un análisis que se ajuste a premisas básicas como el fortalecimiento de los ingresos públicos, sin perjudicar la recuperación económica y precautelando un principio de equidad. 

Para América Latina, la situación es más delicada pues la pandemia ha empujado al alza las cifras de la pobreza y extrema pobreza, mientras que sectores de mayor capacidad tributaria son partidarios de mantener estímulos y exenciones a cambio de la promesa de una reactivación a mediano plazo. Pero el problema es estructural y de orientación de la política tributaria: mientras los países europeos, por ejemplo, concentran la recaudación sobre impuestos como el de la renta, las utilidades, ganancias de capital y contribuciones a la seguridad social, en América Latina tienen mayor impacto recaudatorio los impuestos al consumo general y específico.

Es por ello que la pandemia debe servir para replantear la visión con que se ejecutan las políticas tributarias en nuestros países e incorporar nuevas herramientas que pueden mejorar la recuperación y sostenibilidad de los ingresos fiscales, como la modernización de la administración, la facturación electrónica, los catastros digitales, y el pensar en un reperfilamiento de impuestos como el IVA y el de la renta orientados a los bienes y servicios comercializados por vía digital que están en franco crecimiento de consumo, en especial aquellos relacionados con multinacionales digitales que se benefician de la data de los usuarios del país para incrementar sus ventas de publicidad.

Sin embargo, no todo comienza y termina en cómo recaudar más y mejor. Si los estados están embarcados en un proceso decisivo para cambiar sus estructuras tributarias y enfrentar de esta forma los nuevos escenarios pospandemia, deben, al mismo tiempo, impulsar un proceso sólido y sostenido de mejora del gasto público y de medición real de su eficiencia. Las debilitadas capacidades de pago y tributación de todos los sectores, hacen que los recursos recaudados sean más valiosos que nunca en la coyuntura actual, y en ese sentido no cabe de ninguna manera la negligencia estatal de pretender continuar en una espiral de gasto técnicamente inapropiada, en algunos casos, o decididamente corrupta en otros.